Aprenda cómo responder a situaciones difíciles o miembros problemáticos antes de que se conviertan en un problema descargando el nuevo documento informativo legal de la IHRSA.

Boston, 30 de abril de 2018.Los propietarios degimnasios se incorporaron a este sector con el objetivo de ayudar a otras personas a alcanzar sus metas de salud y bienestar físico, pero a menudo también asumen otras funciones.

Son propietarios, pero también inspectores, que se aseguran de que los contratos de afiliación estén en regla. Son guardianes de la paz, asegurándose de que los socios estén contentos incluso cuando hay desacuerdos sobre el uso del equipo, los vestuarios, el código de vestimenta o cualquier otra cosa que puedas imaginar. Y son supervisores que velan por la seguridad y la satisfacción de los socios y el personal, así como por la salud de la empresa.

Con todas estas cosas en marcha, verse desbaratado o sorprendido por una demanda por discriminación -o incluso por la amenaza de una- es algo que ningún operador de club desea. Por lo tanto, la mejor forma de evitar una demanda al despedir o amonestar a un socio es estar preparado para situaciones difíciles o socios problemáticos antes de que se conviertan en un problema.

Aquí es donde entra en juego la IHRSA. La IHRSA proporciona a sus miembros una gran cantidad de recursos legales que abordan las cuestiones legales más urgentes de los operadores de clubes, y nos complace anunciar la publicación de la última incorporación ala biblioteca legal de la IHRSA.

El documento informativo «Gestionar situaciones difíciles de forma justa y legal» El documento informativo se diseñó para ayudar a los operadores de clubes a prepararse y abordar rápidamente cuestiones como:

• ¿Qué pasa si pillan a un miembro robando en el vestuario?
• ¿Qué ocurre si un afiliado presenta una denuncia por acoso?
• ¿Qué ocurre si un miembro infringe el código de vestimenta?
• ¿Y si dos miembros empiezan a discutir por una diferencia de convicciones políticas?
• ¿Y si un miembro quiere rezar?

Estos "y si..." conforman los argumentos de los malos sueños que mantienen a los operadores de gimnasios despiertos por la noche. Los miembros de IHRSA pueden estar tranquilos, sabiendo que el equipo de política pública de IHRSA trabaja con abogados y realiza una cantidad significativa de investigación adicional para abordar estos escenarios de "qué pasaría si". Esta hoja de ruta legal esboza ejemplos de situaciones que los operadores pueden utilizar para determinar cómo abordar casos similares en los que los comportamientos o acciones de los socios han sido cuestionados en su club. Y aunque consultar a un abogado puede seguir siendo necesario después de leer este y otros documentos informativos de IHRSA, este documento puede servir para disminuir los honorarios de abogados relacionados.

Después de todo, nuestro trabajo consiste en elevar el nivel del sector y el papel que desempeñan los gimnasios en la creación de un mundo más activo. Ayudar a los gimnasios a eliminar preocupaciones y gestionar situaciones problemáticas forma parte de nuestra rutina diaria... al igual que desafiar esos «qué pasaría si» con los «y qué» que nos permiten buscar todas las vías posibles para hacer avanzar el sector y los hábitos saludables.

Los documentos informativos jurídicos de la IHRSA abarcan una amplia gama de temas, incluidas la legislación laboral, el acoso, la responsabilidad por lesiones, la contratación de contratistas independientes y la supervisión de los niños en su club, y están disponibles exclusivamente para su descarga por parte de los miembros de la IHRSA en el sitio web de la IHRSA. Es importante señalar que la información contenida en estos documentos no debe considerarse asesoramiento jurídico. Los miembros que tengan preguntas después de leerlos deben ponerse en contacto con el departamento de políticas públicas de la IHRSA o compartir el documento informativo con un abogado cualificado en el área que les preocupe. Compartir esta información con un abogado ahorrará a los operadores de clubes una cantidad significativa en costes de investigación cobrados por los profesionales del derecho.